Aprobado el paquete de medidas económico-sociales complementario a la declaración de Estado de Alarma.
Hasta 117.000 millones de euros en recursos públicos.
El Consejo de Ministros celebrado esta mañana, y que debía aprobar un paquete de medidas económicas para paliar los efectos que un cerrojazo sobre el país debido a la crisis del Covid-19 iba necesariamente a provocar, ha concluido al final de la mañana, y el presidente del Gobierno ha comparecido pasadas las 15:00 en rueda de prensa telemática para explicar someramente lo que califica como «el mayor Decreto-Ley de la historia de la democracia». Movilizará hasta 200.000 millones de euros (20% del PIB), y más de la mitad (117.000 millones) en recursos públicos, complementados con otros privados.
600 millones se dedicarán a garantizar prestaciones sociales básicas, sobre todo a personas de edad avanzada y vulnerables. De este modo, se ampliará la protección en suministros de agua, electricidad y telecomunicaciones, y se aplicará una moratoria de un mes en pago de hipotecas de personas afectadas (por pérdida de empleo o reducción de ingresos) por la crisis del Covid-19.
Los ERTE que se adopten ahora por las empresas, y relacionados con las medidas para combatir el desarrollo de esta enfermedad, o con contagio de la plantilla, o por aislamiento preventivo, tendrán consideración de causados por fuerza mayor y se resolverán en un máximo de siete días. Los trabajadores tendrán derecho a prestación por desempleo, aunque no hubieran alcanzado el tiempo mínimo de cotización necesario. Y esas percepciones no computarán como «gastado», en los derechos de percepción totales.
Atención. Importante aviso para las empresas: Todos los trabajadores que acrediten deberes de cuidado a partir de las medidas tomadas o de las circunstancias generadas en la lucha contra el Covid-19 tendrán derecho a acceder a la adaptación o reducción de la jornada. Esto incluye entre otras causas el cierre de centros educativos o residencias, o la ausencia de la o las personas encargadas del cuidado de menores o dependientes. En el caso de reducción de jornada, no requerirá preaviso ni estará limitada.
Se flexibilizará el acceso de autónomos a la prestación por cese de actividad, compatible con exoneración de pago de cuotas a la SS, durante el período que dure el Estado de Alarma, si han tenido que cerrar sus operaciones (por ejemplo, cerrar una tienda o un bar).
Se especulaba con una suspensión temporal de pago de cotizaciones a la Seguridad Social, pero lo único que se ha confirmado es el aplazamiento de un decreto que estaba previsto promulgar aumentando las bases de cotización.
Se creará una línea de avales con garantías públicas, por 100.000 millones de euros, para dotar de liquidez a las empresas.
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