Corona-crisis: Un informe proclama que un tercio del empleo y un cuarto de las empresas del sector de la moda están en riesgo.

En el día de ayer, la consultora EY (antes Ernst & Young) hizo público un informe sobre «el impacto de la pandemia» del Covid-19 en el sector textil y de la moda. Elaborado en colaboración con el Boston Consulting Group, afirma que está en riesgo un tercio del empleo del sector, y que la crisis acentuará la caída de los ingresos del comercio del ramo, que fue del 20% en 2019, y podría alcanzar un –40% en el conjunto de 2020. Sostiene que, en ese contexto, «la actual estructura de costes de los comercios de moda no es viable», por lo que, si no se toman medidas, peligra el 25% de las empresas y un tercio de la plantilla. El sector de la moda, en un sentido muy amplio, genera un 4% del empleo en España.


 IndentEl informe se clasifica como «pro-bono»; en terminología de la empresa, esos servicios pro-bono ofrecen, «en beneficio de la sociedad y de forma desinteresada, lo que mejor sabemos hacer y por lo que somos reconocidos en el mercado: nuestros servicios profesionales», dentro del apartado de «inversión en proyectos sociales». No obstante, tiene todo el aspecto de ser un producto por encargo, orientado a facilitar una plataforma de soporte a una reivindicación política. Cuya salida ha estado bien coordinada, por otro lado, con una carta sectorial a ministras del Gobierno.

IndentEn esa dirección, es decir, propuesta de medidas a tomar, el informe propone actuaciones en cuatro áreas.

 

En materia de arrendamiento de locales comerciales por empresas de distribución de moda:

—Fijación de un marco normativo adecuado y preciso que asegure jurídicamente las medidas adoptadas por las partes relativas a la condonación de rentas y a la renegociación bilateral de contratos, con efectos desde el inicio del estado de alarma y al menos hasta los seis meses siguientes a su terminación.

Extensión, con el mismo ámbito temporal, de las medidas adoptadas en materia de arrendamientos para vivienda a los de tipo comercial.

—Establecimiento de criterios interpretativos vinculantes por parte del Ministerio de Hacienda sobre la incidencia del IVA en la moratoria o condonación de la renta, así como en la renegociación contractual derivada de la implementación de las dos medidas anteriores.

 

En materia de Derecho laboral:

Aclaración expresa de que el compromiso de mantenimiento de empleo por seis meses aplicable a los ERTEs en curso decae cuando concurran causas ETOP (económicas, técnicas, organizativas y de producción) en todos los sectores económicos.

—Confirmación de la viabilidad para tramitar un nuevo ERTE una vez finalizado el que ya se hubiera solicitado, en su caso, por COVID19, acabada la fase de confinamiento y en función de la evolución de las ventas durante la fase de reapertura, basado el segundo en causas ETOP.

—Habilitación normativa para la introducción de medidas de flexibilización de tareas/funciones distintas por el personal contratado respecto de las fijadas en convenio. Así, el personal de tienda podría desempeñar funciones de logística o almacenaje, por ejemplo.

 

En materia de horarios de apertura de tiendas:

—Fijación de un marco revisado a nivel nacional que permita la flexibilización de la normativa autonómica que lo regula con el fin de permitir la libertad de apertura durante, al menos, la fase de reapertura, con el fin de dar respuesta, entre otras cuestiones, a la esperable limitación de aforo y su impacto en los tiempos de atención a los clientes en tienda.

 

En materia fiscal:

—Adopción de un conjunto de medidas (...) para el aplazamiento, suspensión de exacción, flexibilización de requisitos y establecimiento de determinados beneficios fiscales relativos, en esencia, al Impuesto sobre Sociedades, al IVA y al IRPF. Para su debate y aprobación, se propone la creación inmediata de un grupo de trabajo formado por funcionarios especializados en cada área tributaria de la Dirección General de Tributos y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, y por representantes de las principales asociaciones del sector de la distribución española, con el mandato de elaborar, en un plazo no superior a 15 días, un documento donde se recoja un conjunto de medidas tributarias a adoptar con carácter urgente, que afecten a los principales tributos directos e indirectos, estatales y de ámbito local, con el fin de aliviar durante el confinamiento y dinamizar durante la fase de reapertura la actual situación del sector.


  
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