El comercio advierte que esta propuesta legislativa para combatir el fraude es desproporcionada.

Cinco organizaciones representantes del sector de la distribución minorista han suscrito un comunicado enviado a los medios en el que expresan su preocupación por el impacto que sobre la actividad comercial podría tener la limitación a 1.000 euros del pago en efectivo, propuesta en diversas enmiendas al Proyecto de Ley de lucha contra el fraude fiscal. Las asociaciones Anged (grandes empresas), CEC, Acotex (comercio textil y de moda), Fece (comercio de electrónica y electrodomésticos), y la de servicios de seguridad Aproser, recuerdan que el Banco Central Europeo ha indicado que se trataría de una medida desproporcionada, que puede poner en cuestión el propio concepto de curso legal del dinero. Por otro lado, y según dicho comunicado, «es totalmente inoportuna, ya que puede afectar directamente a la recuperación del consumo y la actividad de los sectores más golpeados por la crisis, como el comercio y el turismo».

El Banco Central Europeo advirtió en un dictamen que imponer un límite de 1.000 euros al pago en efectivo, como medida de lucha contra el fraude, podía ser desproporcionado. Argumentaba que:

—La posibilidad de pagar en efectivo sigue siendo muy importante para sectores sociales que, por diversas y legítimas razones, prefieren usar el efectivo.

—El efectivo también se aprecia en general como medio de pago porque es ampliamente aceptado y rápido y porque permite al pagador controlar sus gastos.

—Es el único medio de pago en dinero del banco central, y a su valor nominal, que no conlleva la posibilidad legal de cargar una comisión por su uso.

—No requiere infraestructura funcional técnica y puede usarse siempre, cosa muy importante en caso de interrupción de los pagos electrónicos.

Facilita la integración en la economía del conjunto de la población, al permitirle liquidar de esta forma cualquier tipo de operación financiera.

Estas organizaciones del comercio evocan la experiencia europea al respecto, que muestra que la limitación para pagos en efectivo existente en Francia, también de 1.000 euros, no ha logrado reducir la economía sumergida de forma significativa —según afirman—. Mientras que «la inmensa mayoría de Estados de la Unión Europea no han establecido ninguna limitación». Es el caso de Alemania, Finlandia o Austria, que, por cierto, cuentan con niveles de economía sumergida muy reducidos.

«En un momento de gran incertidumbre para la economía, y desplome de la demanda, no parece razonable establecer barreras al consumo y costes adicionales de transacción, como los ocasionados por las comisiones del pago y posesión de tarjeta —afirman—. En ese sentido, creemos que cualquier regulación que vaya en esa línea debería adecuarse lo máximo posible a la realidad actual de nuestra estructura comercial y de distribución, en la que una inmensa mayoría de los consumidores continúa haciendo sus compras en metálico».

Por último señalan que dichas organizaciones comparten el objetivo de la lucha contra el fraude fiscal, pero consideran desproporcionado fijar un límite tan bajo para las operaciones en efectivo, «que limita la libertad de elección de medio de pago por parte del consumidor, y que prácticamente pone bajo sospecha a cualquier cliente que realice compras en el comercio». Por el contrario, apuntan que «convendría actuar directamente sobre las fuentes del fraude y la economía sumergida, que son reconocibles, en lugar de presionar a los hogares y empresas con nuevos impuestos y trabas a su actividad».


  
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